EL CERRO DE LAS CAMPANAS. NINGÚN HOMBRE POR ENCIMA DE LA LEY (3a Y ÚLTIMA PARTE)

El Consejo de Guerra concluyó el 14 de junio de 1867 al medio día, cuando los miembros del tribunal se retiraron a deliberar. Los siete miembros condenaron por unanimidad a los reos a sufrir la pena de muerte. Con la fina ironía que lo caracterizaba, Fuentes Mares nos comenta que “en cinco de los votos se lee: 'los condenamos a ser pasados por las armas'. Sólo Platón Sánchez y José Ramírez discreparon en punto a las palabras, pues el primero condenó a la pena de muerte y el segundo a la pena capital, o sea en resumidas cuentas a lo mismo. Que dos de los miembros del Consejo modificaran la fórmula generalmente adoptada se debió, posiblemente, a la legítima precaución de que nadie sospechara que la sentencia pudo proporcionárseles, de antemano, en la forma de un original y seis copias”.

Hoy, a 150 años de distancia, podemos juzgar este acontecimiento libres de las pasiones que, en su tiempo, impidieron a nuestros historiadores valorarlo en su justa medida. Algunos hablaban de un triple asesinato realizado en contra de la más elemental justicia, sin reconocer que en el sonado caso se presentan poderosas circunstancias que lo atenúan e incluso lo justifican. Otros ponderan a la justicia republicana que otorgó a los reos la posibilidad de defenderse, olvidándose del hecho de que éstos ya estaban condenados a muerte desde que cayeron prisioneros en Querétaro, por lo que, por más brillantes que fueran sus argumentos de defensa, no tenían posibilidad alguna de salvar la vida.

Benito Juárez

La muerte de estos tres hombres fue la culminación lógica de un duelo que llevaba casi medio siglo de asolar las tierras mexicanas. La guerra civil había sido demasiado encarnizada para terminar con un perdón. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre las consecuencias favorables que hubiera traído a México un posible indulto. En su momento, eso fue impensable. Los próceres republicanos temían la posibilidad de un resurgimiento de sus enemigos monárquicos.

Con el paso del tiempo, al enfriarse las pasiones políticas, estamos en capacidad de analizar seriamente esta posibilidad. A mi juicio, dos de los tres condenados hubieran podido ser indultados. Maximiliano no representaba ya ningún peligro. Al regresar a Europa, difícilmente se hubiera embarcado de nuevo en una aventura como la mexicana. Ningún país europeo lo hubiera apoyado. Francia estaba a punto de sucumbir frente a los prusianos. Austria no estaba en condiciones de desafiar a los Estados Unidos, país interesado en mantener la idea republicana en México. España no tenía la fuerza suficiente para intervenir en América por su cuenta, e Inglaterra prefería comerciar a pelear con los países latinoamericanos. Maximiliano se habría visto así reducido a una posición secundaria en Austria-Hungría o, en el mejor de los casos, a ser aspirante de una de las múltiples coronas de los nuevos países balcánicos que surgían ante el derrumbe definitivo del Imperio Otomano.

El general Tomás Mejía era un hombre acabado. En 1867 cumplía los 47 años de edad y sufría ya de algunas enfermedades que minaban rápidamente su existencia. Lo más seguro es que no hubiera sobrevivido mucho al triunfo de la República. Además, después de la debacle imperialista, es dudoso que pensara seriamente en un levantamiento armado, pues, además de no contar más con tropas a su mando, es difícil que hubiera conseguido apoyo de otros militares republicanos. Por otro lado, de los tres condenados, el único que pudo tener una esperanza fue precisamente Mejía, pues como confió Lerdo de Tejada en una carta dirigida a Antonia Revilla: “De los aprehendidos el que tiene más a favor es Mejía. Siempre ha sido leal a su bandera, y nunca ha sido sanguinario. Ni se ha hablado, ni se ha resuelto nada todavía”. En efecto, Mejía siempre había sido un enemigo leal y generoso. Inclusive había salvado la vida de Escobedo en una ocasión en que éste cayó en manos del general Márquez, quien quería fusilarlo. Tras ordenar la liberación de don Mariano, Leonardo Márquez pronunció estas proféticas palabras: “Don Tomás, hoy usted le salvó la vida a Escobedo, pero no dude que mañana, él lo fusilará a usted”.

El sanguinario Leonardo Márquez. Al lograr escapar de la Ciudad de México, dejó a los republicanos con las ganas de fusilarlo.

El único de los reos al que Juárez sabía que no podía perdonarle la vida, era el general Miguel Miramón. Independientemente de repúblicas o monarquías, Miramón representaba el némesis de Juárez. Ninguno de ellos podía vivir en el México del otro. No podían coexistir. Miramón no hubiera dudado en fusilar a Juárez si éste hubiera caído en sus manos en 1859, durante el sitio de Veracruz, o en enero de 1867 durante la toma de Zacatecas. Juárez no hubiera encajado en el México de Miramón. Miramón no hubiera encajado en el México de Juárez. Ambos representaban a un México diferente. Ambos estaban convencidos de la justicia de su causa. Sin Juárez y lo que su figura representó para la unificación de los republicanos, éstos jamás hubieran vencido al Imperio. Sin Miramón, los conservadores no podían pensar seriamente en enfrentarse de nuevo a Juárez. La muerte de Miramón significaba la muerte política del partido conservador, y Juárez no podía olvidar eso. Por ello, no podía indultar a Miramón. El destino de Juárez era morir en su cama. El destino de Miramón, era morir “como un artista trágico, tal vez lo mejor que pudo ocurrir a un hombre de sus amores y enemistades”.

Miguel Miramón, el único que no podía sobrevivir.

Pero volvamos al juicio. En la sentencia se dispuso que los reos fueran fusilados el día 16 de junio a las cuatro de la tarde. Al serle notificada a los reos, éstos aceptaron su destino y se prepararon a morir. Sobrevino entonces un acto al que casi todos los historiadores, republicanos o imperialistas, han calificado de cruel e innecesario. El presidente Juárez decidió posponer la ejecución por tres días, decisión que ninguno de los procesados agradeció, pues ya se encontraban listos para morir, ya se habían confesado y habían comulgado, ya habían muerto moralmente, y esta decisión no hizo más que prolongar su agonía, permitiendo que se les matara el 19 después de haber muerto el 16. Sin embargo, sirvió para que los abogados intentaran conseguir, inútilmente desde luego, el indulto de los prisioneros.

Además, la noticia de que múltiples personalidades internacionales habían solicitado el indulto de Maximiliano y sus dos generales, dio nuevas esperanzas a los defensores, esperanzas que pronto quedaron desvanecidas. Entre las personalidades que pidieron a Juárez el perdón, se encontraba Garibaldi, el héroe de la unificación italiana; el emperador de Austria, Francisco José; casi todos los reyes europeos; el gobierno de los Estados Unidos; e inclusive Víctor Hugo, célebre escritor y político francés que se había opuesto a la intervención de su país en México. En la carta que el autor de Los Miserables envío a Juárez se abogaba, no tanto por la vida de Maximiliano, sino por el triunfo de los principios. En esta bellísima epístola, Víctor Hugo decía: “Jamás se ha presentado a vosotros una ocasión más magnífica. Juárez, haced que la civilización dé un paso inmenso. Abolid sobre la faz de la tierra la pena suprema. ¡Que el mundo vea esta cosa prodigiosa!… Esta será, Juárez, vuestra segunda victoria. La primera, vencer la usurpación, es magnífica. La segunda, perdonar al usurpador, es sublime… Sobre todos los códigos monárquicos, chorreando sangre, abrid la Ley de la Luz y en la más santa página del Libro Supremo, que se vea el dedo de la república puesto sobre el mandamiento de Dios: No Matarás”. Por desgracia, esta sublime pieza oratoria llegó a manos de Juárez cuando ya los reos habían sido fusilados.

Víctor Hugo

Al amanecer del 19 de junio de 1867, Maximiliano se dio por fin cuenta de lo que había sucedido. De su alma surgió entonces un último rasgo de generosidad, mismo que quedó plasmado en una carta que dirigió al presidente de la República:

Próximo a recibir la muerte, a consecuencia de haber querido hacer la prueba de si nuevas instituciones políticas lograban poner término a la sangrienta guerra civil que ha destrozado desde hace tantos años este desgraciado país, perderé con gusto mi vida, si su sacrificio puede contribuir a la paz y prosperidad de mi nueva patria. Íntimamente persuadido de que nada sólido puede fundarse sobre un terreno empapado de sangre y agitado por violentas conmociones, yo conjuro a usted, de la manera más solemne, y con la sinceridad propia de los momentos en que me hallo, para que mi sangre sea la última que se derrame, y para que la misma perseverancia, que me complacía en reconocer y estimar en medio de la prosperidad, con que ha defendido usted la causa que acaba de triunfar, la consagre a la más noble tarea de reconciliar los ánimos, y de fundar de una manera más estable y duradera la paz y tranquilidad de este país infortunado.

Sin duda alguna, este texto es la mejor herencia que Maximiliano pudo dejar a su patria adoptiva. Tras ser conducidos al Cerro de las Campanas para ser fusilados, el archiduque fue colocado al centro, teniendo a su derecha al general Mejía y a su izquierda al general Miramón. El emperador se dirigió entonces hacia este último, y le dijo: “General, un valiente debe ser admirado hasta por los monarcas. Permítame cederle el sitio de honor”. De esta forma, Miramón quedó al centro y Maximiliano a la izquierda.

Hecho esto, Maximiliano hizo uso de la palabra, diciendo con voz fuerte: “Mexicanos. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. ¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!”. Después, Miguel Miramón intentó, incluso hasta el final, quitarse de encima el apelativo de traidor con que sus jueces lo habían acusado: “Mexicanos. En el consejo de guerra mis defensores han querido salvar mi vida; aquí, listo a perderla y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la acusación de traición que me han lanzado al rostro para excusar mi ejecución. Muero inocente de ese crimen, perdono a mis matadores con la esperanza de que Dios me perdonará y de que mis compatriotas alejarán de mis hijos cargo tan villano y me harán justicia, ¡Viva México!”.

El fusilamiento. Obra de Edouard Manet.

Tomás Mejía, con el estoicismo propio de su raza indígena, permaneció callado. Ni una sola palabra de reproche o de justificación salió de sus labios. Consciente de su destino, sabía que nada de lo que dijera podría cambiar su situación. Su silencio sólo se vio interrumpido por los disparos del pelotón de fusilamiento que puso fin, no sólo a sus vidas, sino a toda una etapa de nuestra historia.

El pelotón de fusilamiento. Entre los soldados se encontraba el futuro general Aureliano Blanquet, amigo de Victoriano Huerta e implicado en la muerte de Francisco I. Madero.

Aunque la ciudad de México se defendió hasta el 21 de mayo y Veracruz aguantó unos días más, en Querétaro quedaba liquidada la añeja reyerta del siglo XIX mexicano. En el Cerro de las Campanas, moría un México, para que naciera otro.

EL CERRO DE LAS CAMPANAS. NINGÚN HOMBRE POR ENCIMA DE LA LEY (2a PARTE)

El 12 de junio quedó formalmente constituido el Consejo de Guerra. Como presidente del mismo, se nombró al teniente coronel Rafael Platón Sánchez. Como vocales, fueron nombrados los capitanes José Vicente Ramírez, Emilio Lojero, Ignacio Jurado, Juan Rueda y Auza, José Verástegui y Lucas Villagrán. El licenciado José María Escoto, fungía como asesor de Mariano Escobedo, y como escribiente se nombró al soldado Jacinto Meléndez. El fiscal, como ya se ha dicho, era el teniente coronel Manuel Azpíroz.

Al iniciarse el proceso, los abogados de Maximiliano decidieron, acertadamente, dividirse el trabajo. Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre se dirigirían a San Luis Potosí, sede del gobierno republicano, para intentar conseguir el indulto para su cliente. Sabían perfectamente que las decisiones importantes no se tomarían en el Consejo de Guerra, sino en el despacho del gabinete presidencial. Además, sabían que la única persona con influencia suficiente en Juárez para conseguir el perdón de los reos, era el ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, a quien podía considerarse como el poder detrás del trono. Por ello, los abogados de Maximiliano se dirigieron a él antes de hablar con el presidente. Cuando Lerdo les dio a conocer su opinión contraria a un indulto, los abogados perdieron toda esperanza de salvar la vida del archiduque.

Sebastián Lerdo de Tejada

Mientras tanto, Eulalio María Ortega del Villar y Jesús María Vázquez permanecieron en Querétaro para encargarse de la defensa frente al Consejo de Guerra. Los cuatro abogados se encontraban sin embargo en constante correspondencia telegráfica, para preparar juntos los escritos que habrían de presentarse.

El juicio comenzó el 13 de junio de 1867. “Un día semejante al 13 en que embarcó Carlota Amalia a bordo del Emperatriz Eugenia con rumbo a Europa, o al 13 en que el emperador se puso en marcha para Querétaro al frente de un pequeño ejército, o al 13 en que sacaron su cadáver de la Iglesia de San Andrés, para llevarlo a Viena”, como dice Fuentes Mares. A las seis de la mañana, los reos fueron escoltados al Teatro de Iturbide, adornado con gallardetes y escudos republicanos. Resulta por demás paradójico que el lugar donde se puso fin al último intento monarquista en México llevara el nombre del primer emperador mexicano.

Antiguo Teatro Iturbide, ahora Teatro de la República

A las nueve de la mañana, penetraron en la sala Miramón y Mejía, ante el desencanto del público presente, que esperaba ver a Maximiliano. Éste había preferido negarle a sus enemigos la satisfacción de verlo humillado y se aprovechó de su precario estado de salud para evitar presentarse ante el tribunal. Así, Fernando Maximiliano salvaba la vergüenza de que un Habsburgo, como su tía María Antonieta en París 80 años antes, compareciera, como decía el célebre doctor Samuel Basch, ante un tribunal de descamisados.

La defensa se compuso de dos partes. En la primera, los abogados se dedicaron a oponer excepciones sobre la competencia del Consejo de Guerra y sobre la aplicación de la Ley del 25 de enero de 1862. En la segunda, simplemente presentaron sus alegatos finales ante el tribunal.

Por lo que se refiere a la competencia del Tribunal Militar, los abogados de los tres prisioneros dirigieron sus baterías a probar que los delitos de que se les acusaba eran de carácter político, por lo que quedaban fuera de la jurisdicción del Consejo de Guerra y de la ya citada ley. Además, muchos de los cargos que se les imputaban a Miramón y a Mejía habían sucedido durante la Guerra de Reforma, es decir, antes de la promulgación de la Ley con la que se pretendía juzgarlos. Por ese motivo, sus abogados insistían en que era inconstitucional pretender aplicar de forma retroactiva dicho precepto legal.

Por todo ello, los defensores solicitaban que el asunto, debido a su importancia para la República, fuera juzgado por un tribunal federal, ya que al ser el Gobierno la parte acusadora, la Suprema Corte de Justicia se volvía competente para su substanciación.

Esta petición fue elevada al Gobierno, quien respondió con una rotunda negativa, pues el presidente no estaba dispuesto a permitir que se continuara perdiendo el tiempo con recursos y apelaciones que no resolvían el fondo del asunto.

Mariano Riva Palacio

Los abogados decidieron entrar entonces al fondo de la cuestión. Para ello alegaron en su defensa que en el proceso no se había demostrado el cuerpo del delito ni la culpabilidad de los acusados con pruebas suficientes. Inclusive insistían en que los cargos no constaban en el expediente.

Al día siguiente, 14 de junio, el fiscal presentó sus conclusiones argumentando que no se trataba de verificar el cuerpo del delito ni de descubrir a los culpables, pues éstos habían sido detenidos con las armas en la mano y los hechos de que se les acusaba eran hechos históricos de pública notoriedad. Para ello, el fiscal hizo todo un repaso de la historia reciente del país y aunque cayó en algunas inexactitudes históricas, nadie podía negar que Maximiliano se había arrogado el poder público, que había promulgado el decreto del tres de octubre, que había hecho una guerra no declarada al gobierno de la república, que Miramón y Mejía lo habían apoyado cuando decidió conservar la corona a pesar de la retirada de los franceses. Ante la contundencia de estos argumentos, todos sintieron que la presencia de Juárez llenaba la sala.

A pesar de que bastaba con estos cargos para condenar a los reos, el fiscal, llevado por el entusiasmo, cayó en algunos excesos innecesarios con los que lo único que consiguió fue el descrédito de la justicia republicana. En efecto, el fiscal quiso aprovechar el momento para ajustarle las cuentas no sólo a los defensores del Imperio, sino también a los conservadores, sus viejos enemigos desde la Reforma. La oportunidad era única, pues en el banquillo se encontraban nada menos que un ex-emperador y un ex-presidente de la República a quienes podía acusar de casi todos los males que había sufrido la república desde 1857.

Para ello, lanzó acusaciones monstruosas, como las llama Fuentes Mares, con relación a hechos ocurridos en 1856, 1859 y 1860, antes de que se expidiera la ley en que estaba fundado el proceso y, por lo mismo, la acusación. Al fiscal se le antojó aplicar la ley retroactivamente, olvidándose por lo visto de las nociones más elementales de derecho constitucional.

Sin embargo, y fuera de este penoso incidente, hay que reconocer que el fiscal, con gran habilidad, rebatió uno por uno todos los puntos de la defensa, destruyendo implacablemente sus argumentos, aportando pruebas documentales y demostrando la improcedencia de los recursos que los defensores pretendieron hacer valer. Finalmente, con una oratoria menos brillante que la de los abogados defensores, pero sin duda más efectiva, convenció al jurado sobre el punto medular de su acusación: Maximiliano era culpable de haber invadido el territorio nacional y de haber usurpado el poder público; Miramón y Mejía eran sin duda sus cómplices, además de que los tres habían sido capturados con las armas en la mano.

Su conclusión era la que todo el mundo esperaba. Pidió para los reos la pena de muerte de acuerdo con lo establecido en la Ley del 25 de enero de 1862, ya que, según él, los reos eran culpables de delitos contra la independencia y la seguridad de la nación, así como contra el orden y la paz pública. Después de esto, el fiscal renunció a su cargo y su lugar fue ocupado por el general Refugio González de Hermosillo. Se dice que Azpíroz no deseaba presentarse ante Maximiliano, Miramón y Mejía para notificarles la pena a la que habían de ser condenados. La participación del nuevo fiscal se redujo así a notificar la sentencia a los prisioneros y a dar fe de la ejecución.

Princesa Agnes de Salm-Salm

Mientras esto sucedía, la princesa de Salm-Salm preparaba planes de fuga para Maximiliano. Para ello, intentó sobornar a los coroneles Palacios y Villanueva, encargados de la custodia del archiduque, ofreciéndole a cada uno cien mil pesos de oro, cantidad realmente fabulosa, y que según la princesa, pagaría el emperador de Austria, hermano de Maximiliano. En la conjura se hallaban también el ministro de Austria, el de Italia y el de Prusia. Sin embargo, ésta se frustró cuando los coroneles republicanos, fingiendo que aceptaban el dinero, obtuvieron todos los detalles de la trama y se la comunicaron a Escobedo. Éste ordenó la inmediata expulsión de Querétaro de la princesa y todos sus cómplices.

(Continuará)

EL CERRO DE LAS CAMPANAS. NINGÚN HOMBRE POR ENCIMA DE LA LEY (1a PARTE)

En este mes de junio se celebran los 150 años del juicio en contra de Maximiliano de Habsburgo, llamado emperador de México, y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, que le puso fin al Segundo Imperio Mexicano, consolidando por fin a la República. Por ello, quiero compartir con ustedes un breve análisis de este singular acontecimiento.

Para los primeros meses de 1867, pocas ciudades quedaban en manos de los imperialistas. Las más importantes de las que permanecían fieles a Maximiliano eran la ciudad de México, Morelia, Puebla, Querétaro y Veracruz. Ante lo crítico de la situación, el emperador, aconsejado por el general Leonardo Márquez, decidió enfrentar a las tropas republicanas en la ciudad de Querétaro, para lo cual reunió a sus mejores tropas y se encerró en dicha ciudad, a pesar de la oposición del general Miramón, quien prefería salir a campo abierto y derrotar a las columnas republicanas una por una antes de que se unieran, en lugar de caer en la ratonera que significaba quedarse en la ciudad del Bajío. Poco a poco, los republicanos al mando de los generales Escobedo, Corona, Régules y Riva Palacio, entre otros, comenzaron a dirigirse hacia la capital queretana para ponerle sitio. Éste quedó establecido formalmente el 14 de marzo de 1867.

Dos meses después, el 15 de mayo de 1867 la ciudad de Querétaro cayó en poder de los republicanos. La traición del coronel imperialista Miguel López permitió a las tropas selectas del batallón de Supremos Poderes al mando del general Francisco A. Vélez, antiguo imperialista, penetrar las defensas por el Convento de la Cruz, donde se encontraba el cuartel general de los sitiados y donde tenía sus habitaciones el mismo Emperador.

Convento de La Cruz, en Querétaro. En la actualidad se utiliza como museo.

Al darse cuenta de lo ocurrido, Maximiliano consiguió huir, acompañado de algunos de sus oficiales, y se dirigió al Cerro de las Campanas. Se dice que el coronel republicano Rincón Gallardo, quien lo conocía por ser toda su familia imperialista, se lo topó en la calle y, fingiendo no conocerlo, lo dejó pasar.

Una vez en el cerro, Maximiliano le preguntó al general Tomás Mejía su opinión sobre la posibilidad de escapar. Éste tomó su catalejo y examinó la situación. Después se volvió hacia Maximiliano y le dijo: “Señor, pasar es imposible, pero si Vuestra Majestad lo ordena, trataremos de hacerlo; en cuanto a mí, estoy dispuesto a morir”.

Ante esto, Maximiliano dictó sus últimas órdenes como emperador de México: envió a uno de sus ayudantes a parlamentar con el general Mariano Escobedo, jefe de las tropas republicanas, y enarboló la bandera blanca en señal de rendición. Los republicanos suspendieron el fuego y un pequeño grupo de jinetes al mando del general Ramón Corona se dirigió al Cerro de las Campanas. Al llegar frente a Maximiliano, éste le entregó su espada y se rindió a discreción, junto con todas sus tropas.

Poco después, caería preso el general Miguel Miramón, quien se ocultaba en la casa del doctor José Licea después de haber sido herido en la cara al entrar los republicanos a Querétaro. Poco sospechaba el Macabeo que su mismo anfitrión lo denunciaría.

El botín, si puede llamársele de alguna forma, fue impresionante: un emperador, once generales, seiscientos oficiales y más de cinco mil soldados.

Maximiliano de Habsburgo

Al caer la plaza, muchos republicanos esperaban que el general Escobedo fusilara sin más a Maximiliano y a sus generales, fundándose en la Ley del 25 de enero de 1862 y en el hecho de que Escobedo había recibido órdenes precisas de Juárez de fusilar a todos los oficiales imperialistas que cayeran prisioneros. Sin embargo, don Mariano prefirió cuidar su futuro político y dejar que el gobierno decidiera sobre la situación de sus prisioneros.

Pero el gobierno ya había decidido. Los prisioneros serían pasados por las armas, como advertencia para todos aquellos que pensaran aun que se podía agredir a la república con total impunidad. El fusilamiento del archiduque austríaco sería un escarmiento para el imperialismo europeo.

Además, el gobierno juarista temía dejar vivo a Maximiliano. Este miedo se reflejó claramente en la carta que Matías Romero escribió el 31 de mayo de 1867 a Hiram Barney, antiguo administrador de la aduana de Nueva York. Decía Romero:

He leído con interés las observaciones de Ud., respecto al modo con que debemos tratar a los enemigos de México. No sé que disposiciones tome el presidente Juárez con Maximiliano; pero temo que si le permite regresar a Europa impunemente, sea una constante amenaza para la paz de México. Seguirá llamándose, para oprobio nuestro, emperador de México. Todos los mexicanos descontentos e intrigantes mantendrán una correspondencia activa con él, sobre su supuesta popularidad allí y podrán inducirlo a que regrese algún día, como hicieron con Iturbide. Los que puedan se irán a Austria a formar una corte mexicana en Miramar, y tendrá lo necesario para organizar un gobierno mexicano, como el ex-rey de las Dos Sicilias hizo en Roma cuando fue expulsado de Nápoles. Algunas potencias europeas continuarán reconociéndolo como emperador de México, como hizo España con el ex-rey de las Dos Sicilias. Siempre que tengamos complicaciones con cualquiera nación europea, el primer paso que dé la parte interesada será intrigar con Maximiliano, amenazándonos con dar auxilio a nuestro legítimo soberano, para recobrar su autoridad de las manos de los usurpadores, si no aceptamos las condiciones que quiera imponernos. Además, si se perdona a Maximiliano y se le permite regresar a su país, ninguno dirá en Europa que hacemos esto porque somos magnánimos, puesto que las naciones débiles no se cree que sean generosas; sino por el contrario, se dirá que lo hicimos por temor a la opinión pública en Europa, y porque no nos atrevimos a tratar duramente a un príncipe europeo nuestro soberano.

El problema era que el gobierno juarista, que ya había decidido el destino de los prisioneros, no sabía aun cómo realizar sus propósitos para que éstos se ajustaran por entero a la ley y sus enemigos no pudieran acusarlo de asesino. Por fin, el 21 de mayo de 1867, el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez, decidió iniciar el proceso legal más connotado de todos los que se han celebrado en la historia de México. Para ello, el ministro de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, mandó a través del ministro de Guerra, Ignacio Mejía, las órdenes pertinentes al general Mariano Escobedo, jefe de las tropas republicanas en Querétaro, para que diera inicio a la instalación del Consejo de Guerra y, de acuerdo con la ley de 25 de enero de 1862, se sujetara a proceso al emperador Maximiliano y a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía.

El ministro de Guerra daba en el documento las razones que tenía el gobierno para juzgar a Maximiliano y a sus dos generales. Mencionaba así que éstos habían atentado contra la tranquilidad del pueblo mexicano en los momentos en que éste, después de cincuenta años de guerra civil, había conseguido por fin la paz que tanto anhelaba, así como hacer respetar al fin las leyes y la Constitución del país. Para ello, los tres reos habían recurrido a la intervención armada extranjera y a la traición.

Tomás Mejía

Aunque estas razones se podían justificar como argumentos políticos, históricamente estaban alejadas de la verdad, pues en 1861, cuando la idea monárquica llega a su punto culminante, México estaba lejos de encontrarse pacificado. Además, el gobierno de Juárez distaba de ser popular. Muchos de los grandes jefes del liberalismo se oponían al presidente. Aun no existía en el pueblo mexicano un sentimiento fuerte de unidad nacional. Y aunque en lo particular los ahora republicanos sabían que muchos conservadores honrados también habían aspirado, como ellos, a lograr esa unidad nacional, no podían en estos momentos de triunfo, por motivos políticos, reconocerles a sus enemigos tan nobles propósitos.

Sin embargo, casi todos los historiadores coinciden en que este juicio fue una mera formalidad. Apegándose a la ley de 25 de enero de 1862, Escobedo hubiera podido fusilar a los reos sin mayor trámite, pero como bien dice José Fuentes Mares, “...aunque su muerte estuviera resuelta de antemano, era aconsejable dorar la píldora frente al mundo... El proceso de Querétaro... tuvo todas las características de un artículo de exportación”, simplemente era “...un trámite procesal para el patíbulo, un trámite que Juárez desahogaba en toda su formalidad para encarnar el papel que se acomodaba a su carácter: el de un magnánimo vengador”.

El general Escobedo procedió de inmediato a cumplimentar las órdenes recibidas. El gobierno había designado como fiscal al teniente coronel Manuel Azpíroz. Este recibió órdenes de utilizar la comunicación del ministro de Guerra como documento instructivo, es decir, como base para la acusación.

En este documento se repasaba brevemente la reciente historia del país, llena de guerras y ambiciones, mismas que el “pueblo” había repudiado dictando la Constitución de 1857, para buscar así una paz y una prosperidad, que se vieron interrumpidas cuando “los restos más espurios de las clases vencidas apelaron al extranjero, esperando con su ayuda saciar su codicia”. A Maximiliano se le lanzan entonces terribles cargos, mismos que “...dejando a un lado ciertas durezas de estilo, contenían la verdad absoluta acerca de la empresa imperialista en México...”. Desde luego, se trataba de la verdad vista por los republicanos, quienes en ese momento podían y querían imponerla: es decir, la verdad del vencedor.

Miguel Miramón

A Maximiliano, Miramón y Mejía se les lanzaban cargos realmente fuertes, ante los cuales los reos comprendieron que, de antemano, ya estaban condenados a muerte. Los preceptos de la Ley con la que serían juzgados eran implacables. Esta imponía la pena de muerte para todos aquellos que cometieran delitos contra la nación, contra el orden, la paz pública y las garantías individuales. Una ley muy cruel, en efecto, pero no menos cruel que su contraparte imperialista, el decreto de 3 de octubre de 1865. De esta forma, Juárez conseguía el precepto legal idóneo para juzgar a Maximiliano, sin que se le pudiera acusar de realizar una venganza personal, pues él se limitaba a aplicar la ley. Así, no sería el presidente quien firmara la sentencia de muerte, manchando sus manos con la sangre de los reos, sino que sería un tribunal utilizando como respaldo una ley de la república.

La Ley de 25 de enero de 1862 ha sido en múltiples ocasiones tildada de inconstitucional, pero, como dice Fuentes Mares, independientemente de esto, “...en el México turbulento de 1867, era prácticamente imposible que un criterio legalista dominara sobre las pasiones del vencedor”. Es decir, el vencedor aplicó su ley. Si los imperialistas hubieran triunfado y hubieran capturado a Juárez y a sus principales generales, éstos hubieran sido juzgados y condenados de acuerdo al decreto de 3 de octubre de 1865. Simplemente se aplicó la ley del vencedor.

Teniente Coronel Manuel Azpíroz

En la tarde del 24 de mayo de 1867, el fiscal Azpíroz se dirigió a la celda de Maximiliano, junto con un escribano, para desahogar lo que hoy llamaríamos declaración preparatoria. El archiduque solicitó que se le presentara la acusación por escrito y se le dieran tres días para estudiarla y elegir abogados para su defensa. Al formularle las acusaciones el fiscal, Maximiliano se limitó a desconocer la competencia del tribunal militar, además de insistir en que todas las acusaciones que se le hacían eran de carácter político. Al día siguiente, Azpíroz volvió a la celda del archiduque y le preguntó por sus defensores. Maximiliano nombró entonces como tales a Mariano Riva Palacio, Rafael Martínez de la Torre, Eulalio María Ortega del Villar y Jesús María Vázquez, todos ellos distinguidos abogados republicanos.

Enseguida, el fiscal procedió a leerle los cargos que se le hacían. Éstos eran, en síntesis, los siguientes:

1° Fue instrumento de la intervención francesa, la cual intentó destruir las instituciones republicanas de México.

2° Atentó contra la Constitución de 1857, y apoyándose en unos cuantos votos, trató de justificar su llamado Imperio Mexicano.

3° Usurpó la soberanía nacional.

4° Dispuso por medio de la violencia, de vidas e intereses de los mexicanos.

5° Auxiliado por Bazaine, general en jefe del Cuerpo Expedicionario Francés, llevó a cabo una guerra implacable contra los republicanos. Muchos hombres fueron sacrificados en su nombre.

6° Hizo una guerra de filibusteros, trayendo incluso a belgas y austríacos, ciudadanos de países que no estaban en guerra con la República.

7° Dio el manifiesto del 2 de octubre de 1865, preámbulo del decreto del día siguiente, tratando de justificar su conducta con el falso argumento de que Juárez había abandonado el territorio nacional.

8° Dio el decreto del 3 de octubre de 1865, del que se habló anteriormente.

9° Después de retirado el ejército francés, cuando la República entera se levantaba contra él, persistió en seguir dominando con su falso título de emperador.

10° Sólo abdicó a su falso título de emperador al ser vencido.

11° Pretendió que se le guardaran las consideraciones debidas a un soberano vencido en guerra, cuando para la nación mexicana no lo había sido ni de hecho ni de derecho.

12° Negó la competencia del Consejo de Guerra.

13° Fue contumaz y rebelde al haberse negado a contestar las preguntas formuladas por el fiscal.

Por su parte, el general Tomás Mejía nombró como su defensor al licenciado Próspero Vega. Los cargos que se le hicieron fueron los siguientes:

1° Haber hecho constantemente la guerra al Gobierno constitucional, sin que sirviera de excusa la persecución de que fue objeto.

2° Haberse mantenido “neutral” cuando peligraba la independencia de México, siendo su deber defenderla y no embarazar al Gobierno con su actitud.

3° No haber reconocido al Gobierno Constitucional.

4° Haber reconocido al llamado Imperio, y haberle servido como instrumento de guerra.

5° Haber sido cómplice de los franceses y de Maximiliano en los asesinatos, incendios, y crímenes de todo género que se habían cometido en los pasados cinco años, además de la cooperación que prestó a la Intervención y al Imperio, y por la sangre mexicana que se había derramado en los combates en que él había participado.

Extrañamente, el general Mejía, hombre que siempre se había distinguido por su valentía, por su sentido del honor, su grandeza de alma y su generosidad, se limitó a aceptar todos los cargos que se le hicieron; tan sólo argumentó que durante la guerra él se limitó a defenderse pero nunca atacó, complicándole de esta forma todo el trabajo a su abogado. Bien dice Fuentes Mares, “fuera de duda el valor personal del famoso adalid conservador, tales debilidades resultan inexplicables”.

Mariano Escobedo

En mi opinión Mejía, quien carecía de antecedentes criminales, fue juzgado a falta de Leonardo Márquez, a quien no pudieron capturar los republicanos, y por ser general de división, al igual que Miramón, pues Juárez pretendía así demostrar que aplicaba un principio de igualdad: mismos grados, mismo destino.

Por último, al general Miramón se le formularon los siguientes cargos:

1° Haber estado en constante rebelión contra el Gobierno Constitucional.

2° Haber cooperado eficaz y principalmente con los jefes rebeldes que han mantenido la guerra civil, a turbar la paz de la nación y hacerla víctima de los horrores de la guerra.

3° Haberse arrogado el mando supremo de la nación en la época de la Guerra de Reforma.

4° Haber mandado ejecutar a los “mártires” de Tacubaya.

5° Haber mandado violar los sellos del Gobierno de Inglaterra para extraer los fondos destinados por el Gobierno al pago de la Convención inglesa.

6° Haber desembarcado en Veracruz, cuando el puerto estaba en poder de las tropas de la intervención, para ofrecer a ella sus servicios, o al menos volver al país bajo su amparo.

7° Haber vuelto nuevamente a México, cuando debió considerar que los franceses eran el único apoyo de Maximiliano, y que este no fue más que un usurpador de los títulos de soberano.

Miramón se defendió de estos cargos de forma bizarra e inteligente. Uno a uno los fue rebatiendo, dejando en muy mala situación al fiscal Azpíroz. Él no era rebelde al Gobierno Constitucional porque nunca lo había reconocido, él no había ordenado el fusilamiento de los civiles capturados en Tacubaya, él no había apoyado nunca la intervención francesa. Además, si aceptó servir al gobierno de Maximiliano cuando se retiraron los franceses, fue por el hecho de que había en su contra un decreto de proscripción por parte del gobierno republicano. Una vez más Fuentes Mares, uno de los mejores biógrafos de Miramón, nos dice acerca de esto: “Ni por un momento exhibió debilidades que pudieran llamar a la clemencia. Seguro de tener que morir, no se apartó de los principios que normaron su vida. Atacaba en su banquillo de acusado, como en un pequeño campo de batalla”. En su defensa, Miramón demostró que simplemente era cuestión de ver quién había ganado y quién había perdido, más que de legitimidad o de vigencia de las leyes.

Como abogados, el general Miramón designó a Joaquín Alcalde, quien no aceptó, a Ignacio Jáuregui, abogado liberal residente en San Luis Potosí y hermano de uno de los “mártires” de Tacubaya, y a Ambrosio Moreno. Ninguno de ellos tenía la reputación de los abogados de Maximiliano, pero no por ello fueron menos brillantes sus alegatos en la defensa de su cliente.

La conclusión era lógica: Maximiliano, negándose a responder y pretendiendo una majestad que no tenía, y Mejía demostrando su candor y haciendo alarde de sus bondadosos sentimientos, buscaban salvar la vida. En cambio Miramón, seguro de que la perdería, quiso dejar constancia de su idea de lo que había pasado en México, idea que muchos con él profesaban.

(Continuará)